Evo Morales y las deudas ambientales que deja su gobierno

Durante su mandato, Evo Morales firmó decretos que permiten la exploración y extracción de hidrocarburos al interior de áreas protegidas y que amplían la frontera agrícola favoreciendo la deforestación.

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La auditoría que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA) al proceso electoral presidencial del pasado 20 de octubre en Bolivia, reveló graves irregularidades que van desde problemas técnicos del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales, falsificación de firmas y actas, hasta errores en el conteo de los votos recibidos por Morales.
Las conclusiones de la OEA simplemente confirmaron lo que muchos bolivianos ya sospechaban y por lo que desde hace tres semanas protestaban en La Paz, Cochabamba, Sucre y Santa Cruz.
Cuando la OEA recomendó repetir la primera vuelta electoral, Morales llamó a nuevas elecciones. Sin embargo, lo que vino después, ni el mismo expresidente lo había calculado: las Fuerzas Armadas de Bolivia le “sugirieron” dar un paso al costado. El domingo 10, tras 14 años en el poder, Evo Morales renunció señalando que se había producido un golpe de Estado.
Estas tres palabras provocaron de inmediato una división en la opinión pública de Bolivia. Ruth Alipaz, dirigente indígena de la Amazonía boliviana, enfatiza que la dimisión de Morales es «a raíz del fraude que ha cometido y la movilización del pueblo boliviano de los nueve departamentos, con 19 días de paro cívico pacífico pidiendo su renuncia». Su declaración es secundada por Pablo Solón, ambientalista y director de la Fundación Solón, quien sostiene que “lo que hay en Bolivia [hoy] es un vacío de gobierno».
Ayer por la tarde, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, confirmó que México le había concedido asilo político a Morales.
En medio de esta crisis política que vive Bolivia, cabe preguntarse: ¿Cuáles son las papas calientes que deja Evo Morales en lo que se refiere a lo ambiental?

Territorios indígenas y áreas protegidas en la mira

Desde que se desató la crisis política en Bolivia, muchos líderes indígenas se han mantenido alertas frente a posibles represalias. Muchos de ellos llevaban meses denunciando problemas ambientales en sus territorios y confrontando al gobierno.
Frente a este escenario, Ruth Alipaz señaló en conversación con Mongabay Latam que notaron en los últimos días la presencia de camionetas con vidrios polarizados en comunidades indígenas del área protegida Aguaragüe, en el Chaco boliviano. Los comunitarios, que han tomado la decisión de mantenerse en vigilia mientras dure el proceso de transición política, señalan que estos movimientos son inusuales. Alipaz sostiene que «no saben quienes son” y que están preocupados. «Tenemos miedo de que eso sea para ver quiénes están en la vigilia y que después vayan a tomar acciones en contra de nuestros hermanos que están en los territorios”.
La dirigente indígena no puede evitar asociar lo que está pasando en su territorio con los eventos de violencia que se han reportado en las ciudades de La Paz y Cochabamba, luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia del país tras ser acusado de fraude electoral.
“Mucha gente no ha dormido, ha estado en la calle en vigilia tratando de defender tanto sus fuentes de trabajo como sus viviendas”, cuenta Marco Gandarilla, responsable de incidencia política del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Las políticas ambientales de Morales han sido polémicas en los últimos años y muchas de ellas cuestionadas por líderes indígenas. Este grupo no se cansó de denunciar cómo el expresidente mostraba un destacado liderazgo ambiental en escenarios internacionales, hablando de los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas y de la Madre Tierra, mientras que en el país aprobaba actividades nocivas para el medio ambiente que amenazaban la red de áreas protegidas y territorios indígenas.
En la investigación Un año crucial para la política de la conservación en Bolivia, publicada en la revista científica Nature Ecology and Evolution en mayo de este año, se hace referencia a diversas contradicciones. Una de ellas es que en el año 2007, por ejemplo, Bolivia respaldó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero el mismo año declaró como prioridad nacional la construcción de las represas El Bala y El Chepete, las mismas que amenazan con inundar los territorios de pueblos originarios.
En el 2010, cuando se aprueba la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, se autoriza también la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). “Bolivia tiene actualmente la segunda mayor proporción de áreas protegidas bajo intensa presión humana en toda Sudamérica, a pesar de tener una de las menores densidades de población”, señala el estudio.
En abril de 2018, el gobierno aprobó tres contratos de exploración y extracción de hidrocarburos al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía pese a la oposición de las comunidades que habitan la zona. “Tariquia es una zona importante en el tema del agua, es casi una fábrica de agua toda la región y quienes se han sentido más perjudicados, con la apertura de la reserva, han sido comunidades campesinas”, sostiene Gandarillas.
Así como Tariquía, comunidades y expertos aseguran que todas las áreas protegidas de Bolivia se encuentran amenazadas desde que en 2015 un decreto supremo le abrió las puertas a las actividades hidrocarburíferas dentro de las reservas.
Al respecto, la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas originarios campesinos y áreas protegidas (CONTIOCAP) señaló que “sabemos que todos estos sistemas [políticos] violan nuestros derechos con el extractivismo […] y el Expresidente Evo Morales al apoyarse en estos sistemas ha dejado de lado nuestros principios indígenas”. Por ello, aseguró que la comunidad internacional no entiende que «para nosotros los Pueblos Indígenas Originario Campesino, no existen sistemas políticos de derecha o izquierda».
Ruth Alipaz agregó que en la Contiocap están alertas a los reportes que realicen durante estos días las diferentes comunidades indígenas, sobre todo aquellas que están en conflicto con el Estado por el desarrollo de proyectos mineros, de hidrocarburos y energéticos al interior de áreas protegidas. “Sí existe [la] preocupación de que puedan estar identificando a las personas”, dice Alipaz.
Pablo Solón, sin embargo, advierte que “todos están en una situación complicada de seguridad […] activistas o no activistas están en una situación de inseguridad”.
Los decretos detrás de los incendios en la Chiquitanía
Entre agosto y septiembre de este año, casi 4 millones de hectáreas de bosque fueron devastadas por los incendios en la Chiquitanía.
Cada año, en esa época, quemas para preparar el terreno para la siembra o para la crianza de ganado se realizan en el territorio boliviano generando focos de calor que fácilmente pueden salirse de control. Sin embargo, este año los incendios alcanzaron una magnitud sin precedentes.
Expertos aseguran que la diferencia radica en que este año se promovió la ampliación de la frontera agrícola permitiendo la “quema controlada” en áreas de uso forestal. Ello, luego de que fuera aprobado en julio un polémico decreto para ampliar las áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz.
«Tenemos la tarea y la misión de que Bolivia crezca económicamente, no solo en base a los recursos naturales no renovables sino también en base al tema agropecuario», dijo entonces Evo Morales.
La norma, que según la Federación de Ganaderos del Beni les permite ahora ampliar el territorio destinado a la producción agrícola y ganadera hasta en cuatro millones de hectáreas, fue calificada como “una catástrofe ambiental” por defensores ambientales. Ello, puesto que la decisión permite que la expansión en agricultura y ganadería se realice sobre territorios que no son adecuados para ese fin, principalmente, en áreas forestales.
Según un documento enviado a los medios de comunicación por expertos de entidades técnico-académicas, la normativa actual junto a las quemas indiscriminadas y descontroladas, así como el uso de vegetación local como combustible y las condiciones climáticas adversas, provocaron el desastre ambiental.
Miles de bolivianos salieron a manifestarse por la manera en que el gobierno estaba haciendo frente a los incendios en la Chiquitanía. Con más de un millón de hectáreas quemadas, Evo Morales se negaba a declarar emergencia nacional justificando que con ello se permitiría una intervención de gobiernos extranjeros en la soberanía de su país.
En las protestas, los bolivianos también le exigían a Morales que revocara el decreto que ampliaba la frontera agrícola.
A pocos días de la elección presidencial de octubre, los incendios en la Chiquitanía, según algunos analistas, generaron un impacto en los ciudadanos y trajo consecuencias inevitables en los votos.
Para la ambientalista Cecilia Requena, ese daño fue irreversible e inconmensurable. “No tenemos idea de la dimensión de las consecuencias, pero podemos decir que esperamos que esto sirva, como otras desgracias, para hacer un alto en esta deriva suicida. Necesitamos una visión de desarrollo que valore el bosque en pie porque además de ser vital para el agua, se puede traducir en una economía que se abra hacia el posextractivismo”, dijo la ambientalista.

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